Que el aborto deje de ser un crimen en nuestro país y sea una decisión autónoma de las mujeres ha sido el objetivo de muchas activistas y organizaciones feministas desde hace décadas. Y si pensamos en las prácticas de resistencia que, aún en la ilegalidad, han sostenido miles de mujeres campesinas, indígenas, negras y diversas en este territorio para garantizar que ellas mismas y otras podamos decidir sobre nuestros cuerpos, entonces ya no hablamos de décadas, si no de siglos.
Bien lo reseña la activista afro feminista Carolina Rodríguez[1] cuando llama la atención sobre cómo los embarazos forzados eran una práctica común en la esclavitud, y cómo el aborto con hierbas fue un ejercicio de resistencia entre mujeres esclavizadas que se negaron a heredar a sus hijos e hijas esa forzosa situación. De hecho, fue justamente con la Ley de Libertad de Vientres[2] aprobada en 1814, que se inició la conversación sobre el fin de la esclavitud. Desde siempre, como lo ratifica esta historia y lo resalta la académica Gloria Steinem[3], entre otras, la autonomía de las mujeres ha sido condición para la libertad de los pueblos y pilar de toda democracia.
Un hito significativo más reciente en esta larga lucha tuvo lugar durante la constituyente de 1991. Ya para entonces, organizaciones de mujeres demandaban que la Carta Constitucional de esa “nueva Colombia” incluyera el derecho que tenemos a interrumpir voluntariamente un embarazo. En ese contexto, se lograron otros avances significativos para la garantía de los derechos civiles de las mujeres, pero éste en particular quedó por fuera del texto final. En todo caso, la conversación sobre este tema tan tabú se hizo pública y desde entonces las organizaciones de mujeres lo dejaron claro: las mujeres abortan, con o sin despenalización, pero los riesgos que corren en la ilegalidad son inmensos y es deber del Estado garantizar la salud de aquellas que deciden, en un momento de su vida, no parir.
Pasaron quince años hasta el pronunciamiento de la Corte Constitucional en 2006 que despenalizó el aborto en tres circunstancias o “causales”, a saber, cuando el embarazo era consecuencia de una violación, cuando existía una malformación del feto y/o cuando el embarazo presentara un riesgo para la vida o la salud de la mujer. Durante las casi dos décadas que transcurrieron entre la Constitución del 91 (aún vigente) y la Sentencia C-355 de 2006, el ejercicio que realizaron activistas, organizaciones e instituciones tanto en las movilizaciones callejeras, como en la documentación de los casos de abortos clandestinos y sus implicaciones, en la producción académica y la revisión de experiencias internacionales, y mediante el fortalecimiento de sus estrategias de litigio, no tuvo pausa. Fue gracias a este trabajo que la Corte pudo pronunciarse con argumentos de derecho en un tema tan polémico para un país de tradiciones conservadoras y en el que, aunque se profesa laico, la iglesia sigue teniendo una influencia sobre las decisiones estatales.
Foto: Yenny Leguizamón Orjuela
Ahora bien, aunque la despenalización por causales fue un logro importante, las cifras y testimonios seguían dando cuenta de que no era un paso suficiente. Las barreras para acceder a Interrupciones Voluntarias del Embarazo legales siguieron siendo muy amplias y se profundizaban aún más para mujeres y personas gestantes en alguna situación de vulnerabilidad. Cita la Revista Cerosetenta lo siguiente: “[s]egún el instituto Guttmacher, cada año en Colombia se inducen unos 400.400 abortos, de los cuales solamente entre el uno y el nueve por ciento son practicados en instituciones de salud, acogiéndose a una de las tres causales despenalizadas. El resto son abortos ilegales, de los cuales cerca del 32% resultan en complicaciones evitables en condiciones seguras. Cada año en Colombia, unas 132.000 mujeres sufren complicaciones por abortos inseguros y unas 70 mueren”[4].
Es en este contexto que nace Causa Justa, una convergencia de organizaciones de mujeres, expertas y activistas que decidió, en 2002, interponer una nueva demanda ante la Corte Constitucional con el objetivo de sacar definitivamente el delito de aborto del código penal colombiano y erradicar los riesgos profundos que se desprenden de las barreras de acceso.
La decisión de la Corte: elementos más allá del plazo.
El pasado 21 de febrero de 2022 La Corte Constitucional se pronunció de nuevo. Luego de revisar cada uno de los argumentos presentados en la demanda de Causa Justa, se tomó la decisión de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación. Después de este término solo se podrá realizar una IVE en el caso de que exista una de las tres causales vigentes desde la sentencia anterior.
El fallo, consignado en la sentencia C-055 de 2021, fue recibido con enorme felicidad y celebración por las activistas feministas que llevaban meses reuniéndose frente a las instalaciones de la Corte a la espera de la decisión. Ya no se trataba de un grupo pequeño como sucedió en el 91, e incluso en 2006, esta sentencia fue recibida por una marea verde nunca antes vista en la historia de Colombia, pues cada vez son más y más las mujeres, personas trans y no binarias, sobre todo jóvenes, que, como sucedió días después en la conmemoración del 8 de marzo, ocupan las redes y calles asumiendo clara y explícitamente una militancia por sus derechos, entre ellos, el de la autonomía sobre sus cuerpos.
Este fallo de la Corte significa un avance muy importante por varias razones: enmarca la decisión en la necesidad de garantizar una vida digna a las mujeres y libre de violencias; reconoce la insuficiencia de las causales; reconoce que en Colombia se ha vulnerado el derecho a la salud de las mujeres debido a las barreras de acceso con las que se encuentran al querer interrumpir voluntariamente su embarazo; señala que esta vulneración ha afectado a poblaciones específicas en mayor grado, por ejemplo, a las mujeres migrantes irregulares; y deja claro que el Estado debe garantizar este derecho sin que se condicione el cumplimiento del fallo a los avances que haya en el Congreso para emitir una Política Pública integral de Salud sexual y reproductiva.
Semana 24
Por supuesto, esta lectura favorable no la comparte toda la ciudadanía. Las reacciones en contra del fallo fueron inmediatas y estuvieron caracterizadas por una fuerte tergiversación de las implicaciones de la sentencia. El aspecto en el que se concentraron los y las detractoras fue el plazo determinado por la corte en el fallo: la despenalización total para interrupciones que se realicen antes de las 24 semanas, es decir, cinco meses y medio de gestación.
Las abogadas de Causa Justa y muchas otras organizaciones y periodistas han tenido que volcar sus esfuerzos a explicar el fallo y a desmentir argumentos falaces como los expuestos por gobernantes, influenciadores y congresistas que han llegado a afirmar cosas tan absurdas como que lo que hay detrás del pronunciamiento es un negocio de comercialización de fetos o que con la sentencia se está incentivando al infanticidio[5].
Como bien lo señala el citado reportaje [6] el plazo de las 24 semanas, aunque controversial, es un plazo necesario en un país como el nuestro. De hecho, la expectativa de Causa Justa con la demanda era la despenalización total, pues no es conveniente que se mantenga un margen de criminalización del aborto y que se impongan límites a la autonomía de mujeres y personas gestantes.
Aclaremos, “según organizaciones como Causa Justa y Médicos sin fronteras, entre el 70% y el 80% de los abortos en Colombia se hacen en el primer trimestre de embarazo. Solo el 2% se hace más allá de la semana 20”. No es cierto, como se ha querido afirmar, que las mujeres y personas gestantes se queden esperando para interrumpir su embarazo sin ningún motivo. Lo hacen tan pronto pueden. Y quienes acceden a este servicio en edades gestacionales más avanzadas, son justamente aquellas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad y que más barreras han enfrentado.
La decisión de despenalizar el aborto hasta la semana 24 estaría orientada “a garantizar que incluso las mujeres en las situaciones más extremas —que no son la mayoría, pero sí las más vulnerables— puedan contar con el tiempo y la garantía de interrumpir su embarazo de forma segura”. Según La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, entre el 10% y el 15% de abortos en el país se hacen en el segundo trimestre y en la mayoría de los casos son niñas víctimas de violación o mujeres que viven en la ruralidad.
La medica Laura Gil explicó en el citado reportaje
“que las mujeres que buscan abortar en esa edad gestacional comparten varias características. Son las más jóvenes, niñas que a veces ni han menstruado y solo hasta que les notan la barriga se sospecha el embarazo. También las que enfrentan momentos de crisis, como la pérdida de su red de apoyo o de su pareja. Son las que se enteran de anomalías fetales. O las que reciben diagnósticos de enfermedades crónicas o terminales que podrían llevar a la orfandad del hije, o a una pobre calidad de vida. Y en la gran mayoría de casos son las más pobres, las menos educadas y las que viven en la ruralidad. Un grupo para quienes las barreras del sistema de salud son más aplastantes”[7].
Compromiso FOKUS
Desde FOKUS celebramos el fallo de la Corte pues nuestro compromiso con los derechos de las mujeres es inclaudicable. Ha sido esta la razón por la que hemos respaldado al movimiento Causa Justa y acompañado su proceso ante la Corte Constitucional. Entendemos que la autonomía y bienestar de las mujeres no pueden verse condicionadas por los usos instrumentales que los políticos hacen de nuestras vidas, especialmente en contextos electorales. No hablamos de cifras, hablamos de historias de vida y seguiremos respaldando el derecho a decidir.
La despenalización del aborto deberá ser una realidad en toda la región y seguiremos apoyando a las organizaciones y activistas en su compromiso de documentación y pedagogía, para que la sociedad entienda que despenalizar el aborto no obliga a nadie a interrumpir un embarazo. Mientras que la criminalización arroja a las mujeres y personas gestantes que deciden, por múltiples razones no ser madres, al terreno de las barreras, la culpa, el riesgo y el dolor.
[1] Carolina Rodríguez Mayo (24.03.22).
[2] https://www.redalyc.org/pdf/110/11000509.pdf
[3] Vanessa Rosales (28.02.22) La incómoda libertad del cuerpo femenino.
El Espectador Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/vanessa-rosales-a-/la-incomoda-libertad-del-cuerpo-femenino/
[4] Tania Tapia Jáuregui (02.03.22) Aborto hasta la semana 24: un plazo necesario. Cerosetenta. Disponible en: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/aborto-hasta-la-semana-24-un-plazo-necesario/
[5] Íbid
[6] íbid
[7] ibid
Este artículo está basado en mi tesis de maestría titulada El papel de los Estados Unidos en las negociaciones de paz en La Habana (2012-2016). Estas fueron unas negociaciones con un amplio respaldo internacional entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Farc-EP para encontrar una salida dialogada del conflicto armado entre estos actores. Por lo tanto, lo que busca este artículo es caracterizar la participación de los Estados Unidos en estas negociaciones, y describir la relevancia del apoyo de este actor para el proceso de paz en su actual etapa de implementación.
Para entender mejor la participación de los Estados Unidos en el proceso de paz en Colombia se partirá de entender a Estados Unidos como un país hegemónico en la región que logra consolidar relaciones de índole imperialista con los países latinoamericanos, como Colombia.
Se usa aquí la definición de hegemonía de Gramsci [1], es decir como una capacidad de dirección política, intelectual y moral. Tradicionalmente se hacía entender como un concepto militar, como una combinación de la fuerza, la capacidad dirigente y la dominación, pero las ideas de Gramsci actualizaron el concepto centrándolo en la cultura y la ideología, haciendo entender que la hegemonía supone algo más intricado y arraigado que la dominación. Las ideas de Gramsci eran consideradas novedosas también porque hicieron que el concepto pudiera ser utilizado para analizar las sociedades existentes y sus formas de gobierno (Anderson, p. 19: 2018).
En este trabajo el concepto se ha utilizado para describir las relaciones hegemónicas dentro de un Estado y entre Estados.
El imperialismo se puede definir como la lucha entre Estado-naciones capitalistas por el dominio del sistema-mundo capitalista en expansión. Quien logra ejercer el dominio debe mantenerlo sobre la base de la fuerza y, además, haciendo valer su hegemonía (Gandasegui, p. 171: 2005). Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se pueden definir como imperialistas en la medida que se asigna un lugar y se movilizan todos los medios posibles para que sea ocupado por Colombia, construyendo unilateralmente un mapa específico a conveniencia del país hegemónico, donde la condición política y social de países como Colombia, se acomodan en función de su proyecto.
El hecho de que Estados Unidos sea un país hegemónico frente a América Latina implica que su apoyo o desaprobación en asuntos políticos, económicos y/o militares tiene un peso específico más relevante que el de otros países o actores externos. Luego, entender que hay una relación imperialista con Colombia permite inferir que hay una injerencia estadounidense en el país en varios temas, tanto políticos como económicos y militares, lo cual también tiene consecuencias específicas sobre el análisis de su papel en el proceso de paz.
Los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las Farc-EP contaron con un amplio respaldo internacional y uno de los países que apoyaron este intento de una salida negociada del conflicto armado fueron los Estados Unidos. Este actor fue uno de los primeros a los que el presidente Santos informó sobre sus intenciones de iniciar contactos con las Farc-EP para unas posibles negociaciones, lo cual evidencia la relevancia de esta potencia en las decisiones internas en Colombia.
Así, teniendo en cuenta que ya existía un marco de cooperación de carácter militar (Plan Colombia), un factor que debe haber sido significativo para lograr este apoyo fue el cambio discursivo del gobierno de Obama frente a América Latina, ya que el gobierno de Santos se apoyó en este para buscar el respaldo estadounidense a los diálogos iniciales.
Pues, como argumentó el profesor colombiano Daniel García Peña (2019):
“Creo que en el caso de Colombia Santos muy hábilmente supo utilizar esa situación, “ha dicho que quiere tener una nueva relación [con la región], pues hay una oportunidad para que lo que usted ha dicho se vuelva realidad.” Creo que ya para ese entonces era evidente que la posibilidad de una derrota militar de las Farc era, pues no era posible, y al contrario creo que Santos muy hábilmente también logró convencer a Obama, pero no solamente a Obama, y eso también es la parte interesante, de cómo Santos logró reconstruir un cierto apoyo bipartidista en Washington.”
Esto es una muestra de un tipo de diplomacia que el historiador colombiano Renán Vega denomina subordinación estratégica (Vega, 2015), la cual se caracteriza por la alineación de las políticas internas de Colombia con los ejes centrales de la agenda de política exterior estadounidense, para así obtener apoyo y aval político estadounidense de los objetivos internos del Estado colombiano. Este tipo de diplomacia fue usada anteriormente para acordar el Plan Colombia, apelando a los objetivos de política exterior estadounidenses de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y para este caso el apoyo a los diálogos.
Las negociaciones oficiales comenzaron el 19 de noviembre de 2012 en La Habana con el establecimiento de una hoja de ruta con los puntos a negociar [2] entre el gobierno colombiano y las Farc-EP, y a su vez también se presentaron las líneas rojas de cada actor. Por ejemplo, las Farc-EP decían que no iban a aceptar pena de cárcel (De La Calle, pp. 225-226: 2019), y el gobierno decía que no iba a aceptar cambiar el modelo político y económico existente (Santos, p. 320: 2019).
Cabe destacar que la participación internacional en la mesa de conversaciones consistió en dos países garantes con un papel neutral (Noruega y Cuba) y dos países acompañantes con una mayor afinidad política con cada una de las partes (Chile y Venezuela) (Cujabante, p. 219:2016). Además, había un enviado especial de diferentes actores internacionales: de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Alemania y Estados Unidos, pero ellos no participaron en la mesa.
Por eso, producto de una primera mirada se puede decir que el papel que desempeñó Estados Unidos no fue uno de los papeles centrales dentro de las negociaciones, sino que jugó un rol aparentemente menor, en sentido técnico, mediante un enviado especial.
Ordinariamente un enviado especial no tendría tanto significado dentro de unas negociaciones de paz, pero como aquí se trata de un Estado hegemónico se entiende que cualquier participación adquiere más fuerza dentro de las dinámicas de los diálogos, y que este rol posiciona su participación atribuyéndole influencia sobre asuntos específicos. Muestra de esto es que, como afirmó Diego Martínez, asesor del equipo negociador de las Farc-EP, a diferencia de los demás enviados especiales, sólo el enviado especial de Estados Unidos viajó a La Habana para hablar con las partes.
El resto de la comunidad internacional nunca fue a La Habana, pero Bernie Aronson era el único que iba a La Habana y hablaba con las Farc. Eso generó en mi criterio un asunto esencial y era que los demás países comprendieron que, como un asunto del patio trasero, no podían intervenir porque ya estaban los Estados Unidos interviniendo, entonces tú ves que por ejemplo el delegado de la Unión Europea para el proceso de paz nunca fue a La Habana, no, nunca. Y uno le preguntaba por qué no fue a La Habana, entonces él decía no, porque ya estaban los Estados Unidos allí, por una política hemisférica (Martínez, 2019).
A continuación, se puede ver que el enviado especial estadounidense Bernard Aronson fue designado el 20 de febrero de 2015. Antes EE. UU. había apoyado el proceso, pero después de esto tuvieron una participación más directa, aunque discreta, en los diálogos. Su participación fue anunciada por el Secretario de Estado de EE. UU. John Kerry, que dijo que el enviado especial se asignaría por una petición del presidente Santos en diciembre de 2014 (U.S. Department of State, 20.02. 2015).
En este sentido, es importante mencionar que como Estados Unidos había apoyado al Estado colombiano mediante el Plan Colombia, este país no era un actor neutral en las negociaciones, sino que era un actor con una postura particular frente al conflicto.
Aronson, who served as the top U.S. diplomat for Latin America under presidents George H. W. Bush and Bill Clinton, said he made clear to the guerrillas from the start that he was not a neutral party in the talks. His job was to represent the United States and support its ally, the Colombian government (Washington Post, 30.01.2017).
Aronson desarrolló una relación cercana con las dos partes y con los demás actores internacionales involucrados en los diálogos mediante el establecimiento a partir de su llegada de un canal directo de comunicación entre la administración de Obama y los diversos actores claves en las negociaciones, algo que se logró comprobar mediante las entrevistas con varios representantes de los actores presentes en las negociaciones. Era de interés de este actor mantenerse informado del proceso, cómo iba avanzando, cuáles eran los problemas y qué se había acordado, esto significó que, aunque Aronson no participaba directamente en la mesa sí se reunía frecuentemente con las partes y otros actores. Así se entiende que, aunque la participación estadounidense se intentó presentar como algo discreto, su participación era en realidad más central y activa.
Es importante destacar que la participación de este actor en los diálogos era de importancia para ambas partes en las conversaciones. Según Gerson Arias, asesor del equipo negociador del gobierno, el apoyo de Estados Unidos era esencial para el gobierno porque ayudaría a brindar una mayor legitimidad al proceso, brindaría más apoyo para el posconflicto y también era un factor importante para lograr convencer a la oposición de los diálogos. Pero, además, había dos temas en particular que el gobierno había identificado que se tenían que discutir con este actor. Esos temas eran el tema de las listas, como la lista Clinton [3] y la lista de organizaciones terroristas, y el tema de justicia, específicamente el tema de la extradición (Arias, 2019). Es decir, existían decisiones que dependían de la gestión de política interna estadounidense que definían puntos centrales de discusión en la mesa de conversaciones.
En lo que concierne a la extradición vale la pena tener en cuenta que el gobierno argumentaba que incluso si se pudiese llegar a un acuerdo con las Farc-EP sobre este tema, podrían llegar a tener problemas mayúsculos si Estados Unidos no estaba de acuerdo. Esto era, según Arias, porque en ese momento habían pedido la extradición de 50 cabecillas de la guerrilla por delitos de narcotráfico (Arias, 2019). Entonces, la importancia de la participación estadounidense en las negociaciones radicaba en los intereses de este Estado en que los guerrilleros que habían cometido crímenes de narcotráfico se extraditaran para pagar pena de cárcel allá, petición que se solía cumplir por el Estado colombiano y que chocaba directamente con una de las líneas rojas que habían puesto la guerrilla en los diálogos.
Luego, en el tema de las listas, como la lista de organizaciones terroristas y la lista Clinton, sería un problema grande para las Farc-EP hacer política legal en un marco de pos-acuerdo si no les sacaban de estas listas, y sólo los Estados Unidos tenía el poder de decisión sobre eso, así que desde el gobierno se concluyó que su apoyo al proceso era esencial.
Lo anterior es una muestra de las relaciones de índole imperialista en el sentido en que las decisiones políticas que se toman en Washington terminan decidiendo las agendas y los márgenes de maniobra de otros países, como Colombia en este caso, incluso si estos países toman decisiones internas sobre estos asuntos.
Por otro lado, se puede ver que el involucramiento de EE. UU. también era importante para las Farc-EP, pues según este actor un papel más activo de esta potencia en los diálogos era algo que consideraban necesario tomando en cuenta la presencia e incidencia permanente que Estados Unidos tiene en la vida política, económica y social de Colombia (Farc-EP, 20.02.2015). Según Tanja Nijmeijer, una de las negociadoras de las Farc-EP, se desarrolló una relación bastante cercana entre Aronson y los líderes del equipo negociador de la guerrilla. Pudieron discutir temas como lo de Simón Trinidad, quien había sido extraído a EE. UU., para ver si él podía participar como miembro de su equipo negociador (Nijmeijer, 2019). Se evidencia entonces, como su participación tenía que ver con el tema de la extradición y las listas que, aunque Aronson no participaba en la mesa, estos temas sí se trataban en sus reuniones con las partes.
Finalmente, otro hito de importancia en su participación fueron las reuniones entre los dos equipos negociadores y John Kerry en 2016 en el contexto de la histórica visita del presidente Obama a Cuba. En la reunión con el gobierno examinaron de manera detallada la marcha de las conversaciones, los temas logrados y los desafíos que quedaban en el proceso (El Tiempo, 21. 03. 2016) (Semana, 21.
03. 2016) (Telesur, 21. 03. 2016), y en la reunión con las Farc-EP, hecho que la guerrilla calificó como histórico (Telesur, 22. 03. 2016), “Kerry aseveró que aun cuando se han tenido algunos desacuerdos, tratándose de la paz no hay diferencias” (Telesur, 21.03.2016) (El Heraldo, 21. 03. 2016).
Estas reuniones se pueden entender como parte de un marco de reposicionamiento hegemónico de Estados Unidos en la región, basado en un discurso diferenciado, y expresaban un tipo de aprobación del proceso de paz desde el centro hegemónico. El Acuerdo Final de Paz fue firmado en 2016.
Es importante entender que unas negociaciones de paz y la firma de un acuerdo final entre las partes es tan solo un punto de partida para que se puedan empezar a implementar los puntos acordados para la construcción de paz y la resolución de la violencia estructural y cultural que generan los ciclos de violencia en el país. Por tanto, la oportunidad para construir la paz depende de la implementación, pero es importante resaltar que en este punto también existe dependencia con los Estados Unidos. Como se ha visto, esto se debe a su rol hegemónico y las relaciones imperialistas con Colombia que hace que esta potencia tenga una gran influencia sobre la agenda interna en el país.
Por eso, el hecho de que el apoyo a la implementación no fuera un tema central durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos fue problemático, ya que en el período de Trump el apoyo diplomático desde la Casa Blanca a la paz disminuyó en favor de una mayor atención a los temas de narcotráfico y la crisis en Venezuela (Lutheran World Relief, p. 16: 2020). Este mandatario incluso llegó a expresar opiniones en contra del acuerdo en la etapa final de su presidencia en el contexto de la campaña electoral (El Tiempo, 28.09.2020).
Con la llegada de Joe Biden a la presidencia en 2021, muchos habían esperado un cambio de postura, ya que él había sido el vicepresidente en el gobierno de Obama y había apoyado las negociaciones de paz. De hecho, Biden hizo evidente su apoyo a la implementación en 2018 en la Cumbre Concordancia Américas cuando instó a Duque a no ignorar el acuerdo (RCN Radio, 17.07.2018) (El Tiempo, 20.01.2021). Efectivamente, cumpliendo algunas de las expectativas, se puede ver que este gobierno expresó oficialmente su apoyo a la construcción de paz en Colombia (US Department of State, 29.01.2021) (US Department of State, 06.04.2021), algo que demuestra un cambio en el discurso oficial estadounidense.
Biden expresó que
Visualizamos un futuro con seguridad, en todo el hemisferio occidental, no hay mejor lugar por donde iniciar que con la determinación del pueblo colombiano para establecer una paz sostenible y duradera, aseguró Biden, quien agregó que el acuerdo de paz fue un gran avance y no debe ser algo minimizado ni ignorado (El Tiempo, 20.01.2021).
Sobre esto, la profesora colombiana Sandra Borda señala que:
El cambio más notorio en la agenda binacional probablemente tiene que ver con una renovada preocupación por los derechos humanos y el acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc, hoy partido político. Pero a pesar de esta transformación de la relación bilateral, ello no necesariamente implica un viraje radical de la agenda. La crisis venezolana y el tráfico ilegal de drogas ilícitas continúan siendo las preocupaciones centrales de Washington, aproximados de formas diferentes (Borda, p. 1: 2021).
En este sentido se puede inferir que, a pesar de la existencia de un mayor apoyo al proceso de paz, la agenda bilateral realmente no ha cambiado tanto.
Al iniciar el nuevo período presidencial en EE. UU. existían preocupaciones sobre las relaciones bilaterales con Colombia. Esto fue porque se había denunciado una injerencia de funcionarios y políticos del gobierno de Duque a favor de Trump en la campaña electoral en el Estado de Miami, aunque esto fue negado por el gobierno de Duque (Nascimento, p. 36: 2020).
Duque señaló que le deseaba al nuevo presidente los mejores éxitos y que trabajarían juntos en fortalecer la agenda común en comercio, medioambiente, seguridad y lucha contra crimen transnacional (Nascimento, p. 31: 2020), mostrando que su gobierno quería revitalizar las relaciones, pero sin hacer mención del tema de la paz. En junio de 2021, mediante llamada telefónica Biden reafirmó la alianza entre los Estados Unidos y Colombia (The White House, 28.06.2021), pero no fue sino hasta el pasado 10 de marzo de 2022 que se produjo una reunión presencial entre ambos mandatarios.
Dicho encuentro se dio en un contexto internacional de crisis como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania lo cual favoreció el reconocimiento de Colombia como un aliado estratégico no-OTAN para Estados Unidos. Este gesto político ratifica el lugar de Colombia como “Piedra angular de la política exterior de Washington en la región” (El Espectador, 12.03.2022) y significa una profundización del enfoque militarista de la articulación entre los dos países. El tema del cumplimiento de los Acuerdos de paz, por el contrario, no fue central en la agenda.
Es importante resaltar que cuando Biden empezó su presidencia le llegaron varias cartas de actores de la sociedad civil expresando preocupación sobre la precaria implementación del Acuerdo de Paz por el gobierno de Duque, y sobre la necesidad de un mayor apoyo estadounidense para la implementación. Una de estas cartas fue del movimiento Defendamos la Paz y fue firmada por exnegociadores de paz del Gobierno de Santos y de la exguerrilla, así como también por los negociadores de los fallidos diálogos con el ELN (RCN Radio, 21.01.2021). Esta carta decía que:
El proceso de paz y la ejecución del Acuerdo han encontrado numerosos obstáculos en los tiempos de las administraciones del presidente Iván Duque, en Colombia, y del expresidente Donald Trump, en Estados Unidos […]. Los firmantes advierten que gran parte de lo pactado no se ha implementado, mientras que la puesta en obra de otros aspectos se está llevando a cabo con lentitud, pocos recursos o, incluso, en medio de objeciones presidenciales (El Espectador, 21.01.2021).
En este sentido, pidieron el fortalecimiento al apoyo a la implementación integral del acuerdo, a la protección de defensores de derechos humanos y excombatientes, y al cambio en la política de drogas según el punto cuatro del acuerdo (El Espectador, 21.01.2021).
Es importante mencionar que lo más relevante para la implementación del Acuerdo de Paz es que haya un gobierno en Colombia que tenga ese objetivo como una prioridad (por eso las elecciones presidenciales de este año tendrán grandes consecuencias para el éxito o no de la implementación), y que las dos partes que firmaron el acuerdo cumplan con lo acordado. Pero, lo que se quiere resaltar aquí es que también es de importancia que haya un gobierno en Estados Unidos que apoye y no obstaculice la construcción de paz.
Sobre la precaria situación de la implementación el Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, argumentó que “Duque no ha puesto trabas a la implementación del Acuerdo” y que hay optimismo “en torno a la continuidad del trabajo con el nuevo gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Joe Biden, para que la implementación de la Paz con Legalidad signifique un proceso irreversible” (Presidencia de la República, 21.01.2021).
Sin embargo, como se vio anteriormente hay muchas críticas sobre el estado de la implementación y la situación de la construcción de la paz en el país. Además, se debe señalar que la política Paz con Legalidad promovida por el gobierno “incluye diferentes aspectos de lo acordado en La Habana, pero alejándose sustancialmente del pacto y omitiendo acciones esenciales para la implementación integral del Acuerdo, que aún se esperan en los territorios” (Programa Somos Defensores, 2021, p. 42), lo cual es preocupante.
Es interesante observar que hay un apoyo de Estados Unidos tanto desde la Casa Blanca como desde sus embajadores en el Consejo de Seguridad de la ONU (United States Mission to the United Nations, 14.10,2021), pero que no existe realmente una crítica a esta política.
Anteriormente se mostró que una de las razones de la importancia de la participación estadounidense en las negociaciones tenía que ver con los temas de las listas y la extradición. Así, el hecho de que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya quitado a las desmovilizadas Farc-EP de su lista de organizaciones terroristas tuvo un impacto positivo para el esfuerzo de la implementación, ya que este hecho abrió la posibilidad de realizar proyectos con los excombatientes. En lo que concierne a la extradición, expresaron que esto no quita los cargos o futuros cargos contra los antiguos líderes de las Farc-EP puestos por EE. UU., incluyendo cargos por narcotráfico (US Department of State, 30.11.2021), lo cual demuestra su continuado interés e influencia en el tema de justicia y extradición. Otro tema que es de gran importancia es el punto cuatro del Acuerdo de Paz (Solución al Problema de las Drogas Ilícitas), en lo que tiene que ver con la fumigación. En este sentido, es preocupante que “el gobierno de Colombia se está acercando a restablecer un programa, suspendido en 2015, que asperjaría herbicidas desde aviones sobre territorios donde se cultiva la coca” (WOLA, 26.03.21). Se entiende que esto sería un obstáculo para la implementación de este punto que prioriza la erradicación voluntaria y que el apoyo de EE. UU. a este programa de fumigación puede tener grandes consecuencias para la paz
Por lo tanto, se entiende que el apoyo u obstaculización de Estados Unidos frente a la implementación del Acuerdo de Paz tiene un impacto para la construcción de paz en Colombia. Además, sus opiniones y acciones terminan teniendo consecuencias específicas en diferentes temas que tienen que ver con la implementación como el tema de las listas y el tema de la fumigación.
Estados Unidos tiene unas relaciones de ìndole hegemónica e imperialista con Colombia y América Latina y por eso tiene una gran capacidad de influenciar las agendas regionales. Por eso, y por su participación en el conflicto armado mediante el Plan Colombia, su apoyo y participación en las negociaciones de paz fue central. Luego, en la etapa actual de implementación se puede ver que aunque lo más importante es la voluntad de las partes que firmaron el acuerdo de cumplir con lo acordado, el apoyo de los Estados Unidos también es fundamental. La situación actual en Colombia es muy preocupante, ya que se presenta un panorama de precaria implementación, aumento de la violencia y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales y excombatientes. Los resultados de las futuras elecciones presidenciales en Colombia y la política exterior de Estados Unidos frente al tema de la implementación va a ser clave para determinar el futuro de la construcción de paz en Colombia.
[1] Gramsci fue un filósofo, político y periodista italiano (1891-1937).
[2] 1) Reforma Rural Integral, 2) Participación Política, 3) Fin del Conflicto, 4) Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, 5) Víctimas y 6) Implementación, Verificación y Refrendación (Acuerdo Final, 2016).
[3] Specially Designated Narcotics Traffickers list.
Esta es una de las Brigadas de Salud realizadas por el Programa 1325 (mujer, paz y seguridad) y el de Salud Sexual y reproductiva que desarrolla FOKUS y la Fundación Oriéntame, como una contribución a la paz para Colombia en los llamados Espacios Territoriales de Capacitación Y Reincorporación, pactados en el Acuerdo Final entre Gobierno de Colombia y las FARC-EP.
FOTO-PROCESO BRIGADA A LA CARMELITA (pdf).
Colombia es un país que a lo largo de su historia ha estado inmersa en un conflicto político y social que ha derivado en un conflicto armado con diferentes actores y el cual ha dejado alrededor de ocho millones de víctimas, innumerables infracciones al DIH y violación a los Derechos Humanos.
Hoy el país está apostándole a la construcción de la paz, a través de la implementación de los acuerdos surgidos de la negociación entre el Gobierno y las FARC-EP, el movimiento de mujeres y en general la sociedad civil, siguen teniendo un rol fundamental, en la actual coyuntura, si la ciudadanía no rodea estos acuerdos la paz no va a ser posible.
Colombia ha pasado desde finales de la década del 80 por varios procesos de negociación, un primer gran proceso de paz con movimientos insurgentes[1] se concretó iniciados los años 90. Posteriormente se hacen intentos de negociación, con las FARC-EP y el ELN, hasta que finalmente en el 2016, se logra un acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP y en este 2017 se abre la negociación de este mismo gobierno con el ELN. En esta negociación del 2016 la sociedad civil ha insistido en que es una oportunidad para construir transformaciones políticas y sociales que requiere el país, por eso es importante seguir acompañando este proceso, y exigir actuaciones eficaces contra el paramilitarismo.
En medio de este contexto de conflicto armado y diálogos de paz, FOKUS inicia en Colombia la formulación del programa 1325 en el año 2009-2010, con el propósito de promover la participación de las mujeres colombianas en la construcción de la paz, apoyadas en el marco normativo de la resolución 1325 y subsiguientes, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Para ello se construye a través de una organización de mujeres en Colombia un estudio de Línea de base que evidencia por parte de las organizaciones de mujeres o el desconocimiento de esta resolución o el rechazo a la misma por considerarla una herramienta solo útil en el postconflicto y la falta de compromiso gubernamental en su difusión y aplicación.
FOKUS en Colombia
La primera fase de FOKUS en Colombia ( 2011 – 2013), cuenta con la participación de siete Copartes (ver mapa) cuya selección responde a la intención de trabajar con mujeres jóvenes, indígenas, afros, campesinas, víctimas del conflicto armado y mujeres que participaron en procesos de negociación en los 90, para lograr construir un trabajo encaminado a la consecución de la paz que recogiera las diversas miradas políticas y diversas afectaciones en el marco del conflicto político armado del país. En esta etapa el programa funcionó especialmente en Bogotá y Costa Caribe.
Una apuesta importante del programa acorde con la intencionalidad política hacia la articulación entre organizaciones de mujeres y a las acciones colectivas de incidencia con otras organizaciones, en el contexto de dialogo de paz entre el 20012 y 2013, se apoyó el lanzamiento de la Plataforma Mujeres por la paz, en la que tuvieron un rol activo la mayoría de las copartes de FOKUS en ese período.Con esta alianza y con el país en plena negociación de paz surge la segunda Fase del programa (2014 – 2016), en la que se mantienen la mayoría de las copartes anteriores y se amplía territorialmente el trabajo hacia el Caquetá, dado que es una región en la que ha habido una importante presencia de las FARC-EP, razón por la que consideramos que también debíamos incorporar propuestas de organizaciones sociales que habían vivido de manera particular las afectaciones del conflicto armado en sus territorios.
Para este periodo las organizaciones copartes del programa, tienen una participación activa en el proceso de negociación del gobierno nacional y las FARC-EP, a través de propuestas tales como “Reflexiones y aportes de mujeres víctimas de la violencia sexual a la mesa de la Habana”, “Aportes para una comisión de la verdad sobre el conflicto armado en todos de mujeres diversas: apropósito de la negociación de paz en Colombia”, “la Agenda de mujeres populares diversas para la construcción de la paz”, “la Agenda de las Mujeres para la paz 2016-2020 del Caquetá”, “la Agenda departamental de Paz de las Mujeres de Bolívar”, “Agenda de Mujeres Artistas por la paz”, “Agendas regionales de Construcción de la Paz”, “Lineamientos de Política Pública para el acceso a tierras de las mujeres rurales y Reglamentación del comité de Evaluación y Seguimiento a la ley 731”. Se estima que de estas temáticas, el 20% de lo propuesto fue incorporado al acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP.
Paralelamente, FOKUS ha venido participando en espacios de articulación de organizaciones de Sociedad Civil Internacional en el país y ha impulsado iniciativas para reflexionar sobre el rol de la cooperación en contextos de negociación con otras organizaciones internacionales, como en el caso del Seminario Internacional: Mujeres y Paz: Desafíos y Retos para la Cooperación Internacional, en el cual se intercambiaron experiencias sobre la participación de las mujeres en los procesos de negociación y construcción de paz, tanto de colombianas como de centroamericanas.
Para el 2017 FOKUS tiene un especial interés en contribuir, a través de las organizaciones de mujeres que conforman las Copartes en Colombia, en acciones de incidencia, monitoreo y difusión de la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP, así como apoyar acciones de exigibilidad de justicia y mecanismos de protección a lideresas y defensoras de derechos humanos.
Reconociendo también, que para lograr la paz en Colombia se requiere rodear la mesa de dialogo entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional - ELN, que fue instalada en el mes de febrero del 2017, se apoyan de acciones de incidencia de las Copartes encaminadas tanto a aportar temas a la mesa, como realizar movilizaciones de las organizaciones de mujeres que motiven el interés de la sociedad civil frente a la consecución de un acuerdo de paz con esta guerrilla colombiana.
FOKUS como organización de sociedad civil noruega, reconoce el rol jugado por el gobierno Noruego en el proceso de negociación con las FARC- EP y actualmente en el proceso con el ELN e insiste en la necesidad de seguir apoyando a las organizaciones de mujeres en Colombia que quieren construir y consolidar la paz.
Por ello, mantenemos vigente el reto de seguir trabajando con la sociedad colombiana en el “enamoramiento” de la paz, sabiendo que esta requiere de un acompañamiento a la implementación de los acuerdos logrados con las FARC, rodear la negociación con el ELN y defender la vida de lxs líderes sociales y defensorxs de derechos humanos que contribuyen cada día a que el sueño de la paz se vaya concretando en los procesos organizativos que se llevan en los territorios, donde habitan mujeres negras, campesinas, indígenas, urbanas, jóvenes y sociedad en general que merece vivir en un mundo mejor para todas y todos.
[1] Tales como el Movimiento 19 de abril - M- 19, Quintín Lame, Ejército Popular de Liberación - EPL y Partido Revolucionario de los Trabajadores - PRT,